Tras lanzar su plan para luchar contra el contrabando de combustibles en regiones fronterizas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) espera que esta tarea sea viable en todos los ámbitos en donde ha penetrado esta actividad ilícita, que afecta a la industria y al empleo.
“Ponderamos la decisión del gobierno de enfrentar radicalmente el contrabando de carburantes. Esperamos que la medida se amplíe a todos los ámbitos en los que este delito ha penetrado, con sus efectos nocivos sobre la industria y el empleo y su secuela de violencia y corrupción”, señala el twitter de la CEPB @CEPB_Bolivia.
Los empresarios en su momento indicaron que el contrabando mueve alrededor de 3.500 millones de dólares al año, y los comisos alcanzados en 2021 no pasa los 100 millones mientras que en 2022 el valor pasó esta cifra, pero solicitan que el control y la lucha se intensifiquen, y también participar.
En la presentación del plan, las autoridades indicaron que con la puesta en marcha de la propuesta esperan ahorrar 1.000 millones de dólares, y que el daño provocado por el comercio ilegal de combustibles habría alcanzado a 250 millones.
Informaron que se realizarán controles militarizados en 12 regiones fronterizas, con personal militar, de la aduana y la policía.
Como se recordará para la compra de combustibles en 2022 se fijó en un monto de 700 millones de dólares, pero al finalizar la gestión la cifra subió a 1.700 millones, y para la presente gestión se tiene un presupuesto de 1.000 millones.
También los expertos en el tema observaron que se incrementó el volumen de combustibles, a pesar de que no subió el número de vehículos en esta proporción, aunque el gobierno señaló todo lo contrario.
Fuente: El Diario