El tratamiento sobre el proyecto de Ley 280 fue paralizado mientras se socializa con los sectores que dijeron ser “afectados” por su contenido.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, negó este lunes que el proyecto de Ley 280 contemple nuevos delitos tributarios. Además, sugirió al dirigente gremial Toño Siñani, que denunció el extremo, a que busque asesoramiento al respecto.
“Hemos dado pruebas de que defendemos al sector gremial (…). Todo elemento relacionado a la normativa tributaria tiene que tratarse en leyes tributarias. El proyecto 280 no tiene (en su contenido) ningún nuevo delito tributario”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Desde hace unos días, Siñani impulsa el rechazo al tratamiento de esa propuesta legislativa por considerarla un “atentado” contra el trabajo de ese sector.
Cuestiona, principalmente, que la actual iniciativa legislativa “es la misma que la Ley (1386) abrogada por el Gobierno” el 16 noviembre de 2021; eso debido a presiones de ese sector y del Comité pro Santa Cruz, que impulsó un paro regional contra la norma.
“Le decimos a este dirigente de la derecha que se haga asesorar mejor y que no pase a dar mentiras para confundir a los compañeros gremiales y de otros oficios”, reclamó Montenegro.
Supsensión del proyecto de Ley 280
A través de una carta a la comisión que aborda esa propuesta, el ministro de justicia, Iván Lima, solicitó su paralización hasta que se socialice con los sectores que se dijeron “afectados”.
“Ese proyecto de ley está totalmente paralizado, no se está avanzando en ese tipo de normas. Han dicho que existe”, pero no es así, ratificó el titular de Economía.
El proyecto de Ley 280 es cuestionado por varios sectores, principalmente el bloque de oposición, que también observan las 304 y 305. De esta última fue suprimido el artículo 281, cuestionado por sectores de la prensa, según informó la diputada Magaly Gómez.
Desde la oposición calificaron como un “paquetazo de leyes” a esas propuestas y demandaron su inmediata anulación. En respuesta, el Gobierno aseguró que ese pedido solo responde a “intereses políticos de la derecha”.
Incluso, desde organizaciones como el Colegio Médico de Bolivia, la representación gremial e incluso el Comité pro Santa Cruz, dieron un ultimátum al Gobierno para anular los tres proyectos de ley. Anunciaron una movilización multisectorial a partir del martes 18 de abril.
Fuente: La Razón