Fuente: El Deber, 11 de septiembre de 2022.
Por cada litro de cerveza se tiene una alícuota fija de Bs 3,93, y una porcentual del 1% sobre el valor del producto. El Gobierno se comprometió a no subir impuestos a la industria nacional
Fernando Rojas Moreno
En la semana que concluye, el impuesto a las bebidas fue el tema que se impuso en la agenda informativa debido al proyecto de ley que contemplaba un reajuste; sin embargo, el Gobierno se comprometió a no afectar la industria nacional. Pero, ¿cuánto del precio final de las bebidas corresponde al pago de impuestos? Fundación Milenio señala que puede llegar a ser el 66,3% del precio final.
Un análisis de Fundación Milenio, en el caso específico de la cerveza, una bebida de consumo masivo, da cuenta de que la situación actual es que por cada litro se tiene una alícuota fija de Bs 3,93, y una porcentual del 1%, lo que representa una carga impositiva del 66,38% sobre el valor del producto.
Describen que alícuotas altas incentivan el contrabando y generan menor recaudación fiscal. Cita que otro de los problemas radica en que las alícuotas del ICE se hallan indexadas a la UFV, resultando de ello un incremento anual superior a la tasa de inflación. Esto es evidente si se mira la evolución de la alícuota específica de la cerveza, que ha sido elevada de Bs 3,62 en 2017 a Bs 3,93 en 2021.
Desde la perspectiva de Fundación Milenio, para corregir simultáneamente los incentivos perversos al contrabando, en lugar de aumentar las alícuotas del ICE a las bebidas, sería más razonable pensar en cambiar la composición de las alícuotas específicas y porcentuales, bajo dos premisas: aplicar una sola alícuota porcentual del 50% a todas las bebidas alcohólicas y graduar la alícuota específica de Bs por litro. La política progresiva en función al grado alcohólico implica que se paga más cuanto mayor sea el grado alcohólico de la bebida. “La idea es que esto mismo actúe como una forma de disminuir las externalidades negativas como el incentivo al contrabando”, expresa la propuesta de Milenio.
Este enfoque de política tributaria -según la entidad- busca devolverle racionalidad a la aplicación del ICE a las bebidas alcohólicas, de manera que las industrias bolivianas puedan ganar en competitividad, reducir sus costos e incrementar su rentabilidad, afianzándose como industrias sólidas, generadoras de empleo formal y con capacidad de crecimiento empresarial y productivo.
Evaluará operación en el país
Desde la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), el director de Asuntos Corporativos Ibo Blazicevic, afirmó que no existe claridad sobre la forma en que se aplicará esta modificación de los rangos del ICE y cómo impactará en las alícuotas que se aplicarán a las bebidas, como la cerveza. No obstante, señaló que hoy la carga impositiva total implica alrededor de un 66,4% sobre el valor por litro de cerveza, según Milenio, lo que implica una carga tributaria elevada, más aún cuando esta alícuota cada año se indexa con base a las Unidades de Fomento de Vivienda (UFV).
Según Blazicevic, la industria cervecera en general se encuentra afectada por el contrabando y si existe una variación en la alícuota que impacte con un ajuste en el precio final de la cerveza, será un golpe final para la industria. “Las operaciones de algunas de nuestras plantas se verán afectadas con menor producción y ello implicará un ajuste en el empleo”, mencionó, al insinuar que la variación del ICE relacionado con la cerveza en los últimos años ha sido mayor que otras bebidas alcohólicas (118% vs 137% entre 2005 y 2022) y es nueve veces mayor que singani y vodka.
En el tema contrabando, se calcula que el país pierde alrededor de Bs 100 millones por año por el alcohol ilegal. “Son 67 millones de litros de bebidas ilegales, la mayor parte cerveza. Esta cifra perjudica en gran medida a la industria de la cerveza en Bolivia, no solamente a CBN, porque tenemos casi 80 cervecerías entre medianas, grandes y artesanales que generan casi 80.000 empleos en la cadena de valor del ecosistema de producción”, anotó.
Luis Pablo Granier, presidente de la Asociación de Industriales Vitivinícolas de Bolivia (ANIV), aseguró que ninguna empresa del sector se encuentra en condiciones de asumir un incremento al ICE, dado que están lejos de recuperar los niveles de venta prepandemia. “El contrabando masivo de vino y bebidas substitutas al singani han deteriorado el mercado formal. El mayor problema que enfrentamos hoy en día es qué hacer con el excedente de inventario que tenemos, cuyo volumen estimado es de 5 millones de litros”, sostuvo.
El jueves, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que con el PGE reformulado se plantea establecer rangos para el ICE.
“La finalidad es proteger la industria nacional en términos de darle la posibilidad a la política fiscal de establecer una protección al sector de los vinos, al sector de las bebidas alcohólicas para buscar una diferenciación a favor de estas industrias”, precisó Montenegro.
En este contexto, el ministro explicó que desde 2020 los empresarios vitivinícolas pidieron al Gobierno tomar medidas para proteger y preservar la industria nacional frente al contrabando y la importación de estos productos.
Según el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, el Gobierno se comprometió a no afectar la producción nacional con la norma que crea bandas para el ICE. “Las autoridades nacionales anunciaron que se nos convocará a los representantes de la industria nacional a las mesas de trabajo para la reglamentación de la norma”, manifestó.
El sector alertó que la aprobación de la medida desataría una escalada inflacionaria, una subida de los precios en los productos afectados por el ICE, una caída de la generación y la calidad del empleo formal en Bolivia e incremento del contrabando.
Desde Cainco expresaron su sorpresa y preocupación de que en tiempo récord se aprobara el proyecto de ley de modificación del Presupuesto General del Estado (Ley 354/2021-2022), cuyas connotaciones tributarias y económicas son ‘graves para el país. El incremento a las alícuotas del Impuesto al Consumo Específico (ICE) -está dirigido a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas- es totalamente excesivo, desmedido y desproporcional de casi un 400% y tendrá un efecto directo en el precio final al consumidor”. Así, Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), refutó el alcance de esa normativa.
El proyecto de ley plantea establecer rangos para el ICE; sin embargo, el Gobierno aclara que no fija un ajuste a las tasas impositivas de la industria de bebidas.
Para comprender los efectos, Strauss tomó como ejemplo una gaseosa que hoy cuesta Bs 10, por el reajuste de la alícuota del ICE podría tener un incremento entre Bs 16 a 17. “El impuesto tiene un efecto devastador porque grava por litro. Si antes se pagaba Bs 2 por litro, ahora le están subiendo de Bs 8 a 10, anotó, al denotar que el proyecto de ley es nefasto y un golpe duro a la industria y el comercio formal del país, que genera fuentes de empleos dignos.
Según Strauss, en Bolivia el 80% de los alimentos y bebidas se consumen y se comercializan de manera informal e ingresan al país vía contrabando. “Eso tiene una connotación en la salud pública y vemos que en vez de atacar a ese 80% y generar una política de formalización de la economía, preservando la salud pública, ellos (Gobierno) siguen golpeando a ese pequeño 20% de la población económica que es formal”, dijo.
En mayo de 2021, el Centro Boliviano de Economía (Cebec), dependiente de la Cainco, estimó el impacto del contrabando en la industria de alimentos y bebidas en $us 400 millones, equivalentes al 1% del PIB, en ocho categorías (carne, arroz, harina de trigo, fideo, azúcar, bebidas no alcohólicas, cerveza y aceite).
Riesgo en recaudación y empleo
Para el analista tributario, Jorge Zogbi, en un entorno económico en el cual la economía se destaca por una moneda fuerte y países vecinos con una situación contraria, es indispensable cuidar la industria nacional del contrabando. “Cualquier decisión que pueda hacer subir los precios de productos hechos en el país es arriesgada para la futura recaudación tributaria y el mantenimiento de empleos”, dijo.
Desde la visión del especialista en derecho tributario Pablo Ordóñez, el ICE es un impuesto indirecto, lo que implica que será trasladado a los consumidores finales, por tanto, es un impuesto que tiende a incrementar el precio. “¿Por qué el Estado plantea incrementar un impuesto a unos de los sectores industriales más golpeados por el contrabando?”, acotó.
Fuente: El Deber, 11 de septiembre de 2022.