Fuente: El Deber, 7 de agosto de 2022.
El PGE de 2022 programó Bs 168,1 millones para subvencionar alimentos, Bs 125,6 millones para servicios básicos y Bs 4.794 millones para compra de combustibles
Juan Carlos Salinas Cortez
Las importaciones de combustibles crecieron un 143% al primer semestre de 2022 comparado con similar periodo de 2021, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este escenario hace prever un mayor gasto en subvenciones, según los expertos.
Así, la compra externa de gasolina y diésel sumó $us 1.772 millones a junio del presente año, frente a los $us 729 millones del primer semestre de 2021.
Con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de la población y evitar sobresaltos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el termómetro que mide el índice inflacionario, el Presupuesto General del Estado (PGE), programó Bs 5.088 millones para subvención de hidrocarburos, alimentos y servicios básicos. Sin embargo, debido al encarecimiento de los combustibles, solo para su importación la subvención está en Bs 6.000 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, el PGE 2022 contempla Bs 4.794 millones para la importación de gasolina y diésel, en 2021 el monto destinado fue de Bs 3.013 millones, mientras que, para subsidiar los alimentos el valor es Bs 168,1 millones (Bs 257,5 millones, en 2021) y para cubrir los servicios básicos se contempló Bs 125,6 millones cuando en el PGE 2021 fue de Bs 124,2 millones.
Jorge Dunn, analista económico, hace notar que, por la actual coyuntura política y económica lo programado por el PGE 2022 en el tema subsidios quedó desactualizado. Y precisó que cuando se elaboró para esta gestión el PGE contempló un precio del petróleo a $us 50,47 el barril y con un precio de alimentos más bajos a los valores actuales, por lo que a criterio de Dunn en lo que va del año solamente la subvención a los hidrocarburos ya va por el orden de los Bs 6.000 millones, y considera que el monto global de la subvención para fin de año será de unos Bs 7.000 millones, cifra que coincide con las estimaciones del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien dijo que se estima en $us 1.000 millones la subvención a la gasolina y el diésel en la presente gestión.
Sobre el tema, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, precisó que de acuerdo con los datos de junio es probable que las importaciones de combustibles superen los $us 3.000 millones este año, un aspecto que presionará hacia arriba la subvención.
Ríos sostuvo que los grandes volúmenes de importación indican una caída de la producción nacional de condensados y petróleo, por lo cual las refinerías cada vez producen menos diésel y gasolina.
También remarcó que la mayor compra de combustibles a precios más caros perfila que las importaciones a fin de año van a oscilar entre los $us 3.200 millones y los $us 3.500 millones, haciendo una fuerte presión a los recursos que el Estado destina para subvencionar los combustibles líquidos.
En cuanto al objetivo de la subvención del precio de los hidrocarburos, Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), aseguró que su vigencia se puede explicar por un interés más bien político y electoral, a partir de mostrar que el objetivo fundamental es preservar los ingresos y el poder adquisitivo de la población.
Arze explicó que el Gobierno tiene una concepción, de la subvención, ambigua y cambiante en el tiempo, pues en 2006 consideraba que era un “parche” del fracaso de los gobiernos neoliberales de los 90 y que, ante la imposibilidad de desarrollar una política energética que garantizara la provisión de combustibles para las actividades económicas, solo podía regular e incorporar esa medida en su política.
En 2010 intentó levantar los subsidios, experiencia fallida, denominada ‘gasolinazo’ por la población, era justificada como necesaria porque se había distorsionado el carácter y la naturaleza del subsidio, además de que el país ya había avanzado hacia una transformación de la estructura productiva y no era pertinente mantener esta medida neoliberal, remarcó Arze.
“En 2012, el Gobierno presentó la subvención como una medida antiinflacionaria. Ante el fracaso de la medida del 2010, retomó y creó un nuevo incentivo a partir de la ley presupuestaria, que se pagaría a través de Notas de Crédito Fiscal en un monto adicional de 30 dólares por barril, a la producción de los campos petroleros”, precisó el investigador.
El impacto en la población
Sósimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental en Santa Cruz (COD), subrayó que la política social y económica de la subvención de los hidrocarburos, algunos alimentos y del servicio básico (uso de electricidad), tiene el objetivo de proteger a la población y mantener su poder adquisitivo.
Paniagua insistió en que el Gobierno debe pensar en la mayoría, que es responsable por el bienestar de la ciudadanía, más allá de las demandas sectoriales y que ante lo hechos recientes, como los problemas económicos en Argentina, a su criterio la subvención fue acertada.
“Los problemas de inflación, el constante incremento de los precios que afecta el bolsillo de los trabajadores en Argentina, indican que la presencia del Estado es necesaria para controlar el precio de los productos estratégicos y así evitar estos desequilibrios. Por lo que nosotros destacamos esta política de los subsidios y del precio justo para algunos alimentos”, puntualizó Paniagua.
En criterio de Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, observa que, desde el punto de vista económico, otorgar un subsidio -comprar caro y vender barato, como la subvención a los combustibles o ciertos alimentos, por el Estado- implica una transferencia en favor de terceros, a costa de que alguien cargue con el costo de tal política. ¿Con qué intención? Claramente, impedir una subida de precios que reste poder de compra y afecte a las personas de bajos ingresos. Por supuesto que comprar combustibles o alimentos a bajos precios beneficia a los consumidores, muy especialmente a quienes tienen ingresos fijos y bajos, indicó Rodríguez.
Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, considera que la política de subvención logra su objetivo de control de los precios y evita la devaluación de la moneda nacional, eso permite a la población tener certidumbre para poder planificar sus gastos, inversiones y ahorros.
Sin embargo, Mercado hace notar que este sistema solo es viable si el Estado cuenta con ingresos importantes que permitan fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN), si no se corre con el riesgo de acudir al crédito externo y endeudar al país.
Para el economista Germán Molina, en el desenvolvimiento de la economía, el Gobierno actúa como agente económico influyente mediante: impuestos, gasto público, deuda pública y regulación. Los dos primeros tienen una gran interrelación ya que se requieren ingresos para realizar gastos por parte del Gobierno, y la fuente de financiamiento son los impuestos.
Dentro de los componentes del gasto fiscal se asigna una subvención que se define a cualquier asistencia o incentivo gubernamental, en efectivo o especie, hacia sectores privados -productores o consumidores-, respecto de la cual el Ejecutivo no recibe a cambio compensación equivalente, precisó Molina.
El economista detalló que en el país se tiene asignado presupuestariamente para los siguientes productos que tienen subvención: diésel, gasolina, gas natural, GLP, electricidad, arroz, harina y maíz. En alimentos abarcan desde el acopio hasta la venta.
Esta política pública de subvención logra que los derivados como la carne de pollo, cerdo, leche y huevo mantengan precios estables.
“La subvención significa que la población puede acceder a los productos con precios regulados y fijos, además permite que la tasa de inflación registre niveles bajos y por lo tanto que se suavice el incremento del costo de vida”, reflexionó el analista económico.
Fuente: El Deber.