También plantean modificar la norma municipal Nº 482, para que los gobiernos municipales no tengan excusas y apoyen a la lucha contra el contrabando al realizar controles en los mercados, supermercados, ferias y otros centros de abastecimiento.
La devaluación de la moneda de cuatro países fronterizos hizo que el contrabando en Bolivia se incrementara de forma considerable los últimos años, llegando a 3.331 millones de dólares en 2022 y alcanzó un crecimiento de 3.600 millones de dólares en 2023. Es por ello que los industriales plantean modificar el Código Tributario para hacer frente a esta problemática que atenta contra la economía boliviana.
El presidente de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Pablo Camacho, aseguró que ante ese “sombrío panorama” no pueden quedarse de brazos cruzados, por lo que realizaron tres propuestas. La primera es la modificación a la Ley Nº 2492, es decir, a la norma tributaria, con el fin de disminuir el monto para que sea considerado como delito aduanero y así la sanción no sólo sea contravencional sino que se convierta en penal.
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“Estamos viendo cómo el contrabandista está fraccionando el contrabando, precisamente para evadir esta norma (tributaria). El contrabando, hoy, para ser un delito penal debe llegar casi al medio millón de bolivianos, lo cual es imposible en un solo camión, esta norma mínimamente debe rebajarse a 125 mil bolivianos, que son las 50 mil UFVs (Unidad de Fomento a la Vivienda), que hoy planteamos”, dijo.
Camacho sostuvo que es necesaria la incorporación de los gobiernos municipales en esta lucha para que no se nieguen a apoyar y participen de forma activa, y así el contrabando “no se pasee en las calles”. En este sentido, modificaron la redacción de los numerales 30 y 31 del artículo 26 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº 482.
El artículo 30 modificado por los industriales establece: “Ejercer labores de fiscalización, control y decomiso de productos que no cuenten con la Declaración de Importación de Mercancías (DIM) o la nota fiscal que respalde la compra de la mercadería, en mercados, supermercados, tiendas, centros de abastecimiento mayorista y minorista, ferias y otros”.
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El artículo 31 señala: “Constituirse en denunciante y parte querellante por los delitos de atentado contra la salud pública, contrabando y otros delitos conexos, cuando de las labores de control y fiscalización del expendio de productos se evidencie la carencia de documentos indicados en el numeral 30 anterior”.
Esperan que estos arreglos se pongan en vigencia a la brevedad posible, porque así el delito disminuirá y por ende la afectación al sector de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, que actualmente ya ha sufrido un golpe económico importante con la pandemia. Estiman que el contrabando amenaza 2,6 millones de empleos en Bolivia.
Camacho dijo que este ilícito se modernizó y ahora usa tecnología avanzada y armamento, tanto así que sobrepasa las capacidades de la Aduana, el Ejército y la Policía. Señaló que ya no se habla de contrabando hormiga, sino de crimen organizado y que este delito “llega a Santa Cruz en buses, con calefacción y aire acondicionado”, y que “se falsifican las facturas en Desaguadero (Perú)”.
En ese sentido, otra de las propuestas de los industriales es reactivar y ampliar el Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la Aduana Nacional de Bolivia, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la CNI, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana.
Acotó que el resultado sería óptimo si estas entidades tuvieran mayor cantidad de recursos económicos, vehículos, equipos satelitales e incluso armamentos para defenderse; y que los efectivos militares, policiales y otros funcionarios tuvieran las condiciones necesarias de alimentación y estancia.
También indicó que es fundamental fortalecer el trabajo del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en las fronteras para evitar el ingreso ilegal de mercancías.
Es por ello que plantean la participación de otros entes públicos como el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Ministerio de Salud, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología y en Salud (Agemed), la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI), entre otros.
El último planteamiento es una campaña elaborada por los industriales denominada “Consume lo nuestro”, mediante el cual se realizaron más de 200 artes (afiches), tres videos y un jingle para concienciar a la población de que “cambien ese chip” y dejen de comprar productos comestibles y farmacéuticos que llegan del exterior mediante el contrabando y que dañan la salud de las personas. Instó a la gente a consumir lo nuestro.
Fuente: Pagina siete