Hace un mes se identificó en Cochabamba 50 vehículos “lecheritos” que en tres meses cargaron mas de 4 millones de litros de combustible.
Diez propietarios de vehículos que eran usados para la carga irregular y excesiva de combustible fueron aprehendidos y acusados de enriquecimiento ilícito. Las penas por este delito podrían llegar hasta los ocho años de prisión. Otros 40 dueños están siendo ubicados y notificados
Hace un mes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) identificó en Cochabamba alrededor de 50 vehículos denominados “lecheritos” (tipo minibuses) que, en menos de tres meses, lograron cargar más de 4 millones de litros de combustible, tanto en sus tanques como en barriles ocultos. Se presumía que este carguío ilegal era destinado al contrabando.
“Los 50 vehículos identificados ya están en manos de la justicia. 10 (de los propietarios) ya están aprehendidos y los otros 40 ya están siendo notificados. Ellos lograron cargar cuatro millones de litros en tres meses”, declaró Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH.
Informó que desde la aplicación de los decretos que permiten ejercer un mayor control en la venta y comercialización de combustible, la cantidad de carburantes incautados se disparó.
“En cuatro años la incautación no pasó de los 280 mil litros; pero ahora, en menos de un mes, ya se incautó más de 320 mil litros (…) Nos preocupa porque en su mayoría, un 80% se trató de diésel”, detalló.
De acuerdo a la autoridad, a través del plan Soberanía, de control de carburantes, se logró desplazar a 138 efectivos en diferentes puntos de comercialización de carburantes en puestos de frontera o zonas de riego.
“Se hicieron 638 operativos en un mes, tenemos tres estaciones de servicio precintadas y 94 personas aprehendidas por estas actividades ilícitas. Ninguna persona puede almacenar o comercializar sin la autorización”, puntualizó.
A muchas de las personas se les iniciaron procesos por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En caso de ser juzgados y sentenciados podrían cumplir penas de cuatro a ocho años de cárcel.
“Si uno desea hacer un desvío de combustible incurre en un proceso penal. Ninguna persona puede almacenar, transportar y comercializar los carburantes sin autorización”, advirtió.
Jiménez recordó que YPFB ya usa el GPS para el control de 170 camiones cisterna. Esto permitió identificar cuáles estaban siendo desviados a la minería ilegal. Ya son ocho los camiones incautados con gasolina y diésel.
Fuente: Pagina siete