La lucha contra el contrabando, a decir del viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas Carrasco, genera situaciones de extremo peligro para los efectivos militares involucrados en esta tarea del Estado.
“La muerte de ocho efectivos militares desde 2022; cinco efectivos gravemente heridos en lo que va del último mes; dos intentos de toma de instalaciones militares en Yacuiba y Huari son apenas algunos ejemplos”, citó la autoridad.
Resaltó el hecho de que las bandas de contrabandistas utilicen armamento de guerra, explosivos y otros artefactos como los denominados ‘miguelitos‘ que siendo elaborados con fierro de construcción llegan a constituirse en instrumentos para la destrucción de los vehículos que utilizan los militares en el combate al contrabando.
Vargas junto al comandante del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC), Miguel Matorra Arias, exhibieron los instrumentos utilizados por los contrabandistas para la destrucción de vehículos que pintados con el color del suelo del altiplano boliviano se convierten en armas invisibles que destruyen la propiedad del Estado y ponen en riesgo la vida de los efectivos que luchan contra este delito.
Vargas reveló también que entre abril y mayo del presente año se registran más de 800 operativos de lucha contra el contrabando en los que cinco efectivos militares resultaron heridos, en Villamontes y Huari, por enfrentamientos con contrabandistas y pobladores reclutados por las bandas de delincuentes.
Respecto al decomiso de combustible, el viceministro Vargas informó que fueron incautados 151.614 litros de diésel y 11.840 litros de gasolina. «La mayor cantidad del combustible está en el La Paz, con 141.000 litros que se comisaron, lo que indica una mayor cantidad de contrabando destinado al mercado ilegal», afirmó.
Asimismo, informó que se incautaron 21 vehículos y 23 personas fueron detenidas por tráfico de combustible. Remarcó que el Gobierno garantiza el abastecimiento de los hidrocarburos a los sectores productivos como los que se dedican a la zafra o al transporte.
«Lo que falta es establecer un adecuado control, fiscalización en el empleo de estos combustibles porque una parte está destinada al contrabando y otra va al mercado negro, la minería ilegal, autos indocumentados”, añadió Vargas.
Fuente: el deber