La factura de la agenda medioambiental y los debates sobre los vuelos cortos condicionarán la competitividad de las aerolíneas en la próxima legislatura
La esperada revitalización del tráfico aéreo tras la crisis del Covid, que golpeó con especial dureza a las aerolíneas, es un hecho objetivo que ha llevado al sector a corregir al alza sus previsiones para este año. La recuperación del tráfico, que ha alcanzado una tasa global del 90% respecto a 2019, ha elevado los cálculos de ingresos para el ejercicio, que ahora contemplan un incremento del 10% sobre 2022. Las compañías mantienen una rentabilidad neta todavía anémica, del 1,22%, aunque bastante mejor que los dos años anteriores. En ese contexto, el sector encara la etapa que se abrirá tras las elecciones del 23J con una agenda de expectativas y temores, que incluye la factura que generará el cumplimiento de compromisos relacionados con la transición medioambiental, por un lado, y el posicionamiento de España en debates todavía abiertos en Europa, como la limitación de los vuelos de corta duración como fórmula para reducir las emisiones, por el otro.
Entre esos grandes temas destaca el impulso a la producción de combustible sostenible para aviación (SAF por sus siglas en inglés), una reivindicación que comparte todo el sector aéreo y que ha encontrado eco en los programas de los principales partidos que aspiran a ganar las elecciones, PSOE y PP, y de sus posibles socios de Gobierno. El compromiso de las compañías para aumentar el uso de combustible sostenible a partir de 2025 exige que aumente su oferta de producción, de momento residual, para rebajar su precio y limitar el coste. A ese interés de parte se corresponde también un interés para el conjunto de la economía, por la capacidad de refino de España y la existencia de una amplia red de distribución de combustible de aviación en el país, factores ambos que pueden resultar ventajosos en un mercado con un alto potencial de desarrollo, lo que explica el apoyo del PP, PSOE, Sumar y ERC en sus programas.
El debate sobre la limitación de los vuelos de corta duración cuando haya alternativas de transporte terrestre, que defiende fundamentalmente Sumar, así como la imposición de impuestos medioambientales y al queroseno, son cuestiones que preocupan también a las compañías. Aunque en Europa, tanto Francia, como Países Bajos y Alemania han optado por sustituir el avión por el tren en las rutas cortas, el peso que tiene el turismo en España es un elemento de peso a la hora de considerar tanto imponer restricciones al transporte como una carga fiscal que pueda repercutir finalmente en el precio de los billetes. Cualquier opción en ese sentido por parte del futuro Gobierno debe tener en cuesta el impacto sobre la competitividad no solo de las aerolíneas, sino del conjunto de la primera industria del país.
Fuente: Cinco dias