Bolivia avanza a convertirse en un importador de gas natural si no se toman medidas estructurales urgentes y que tengan impacto en el corto y mediano plazo, las que incluyen una nueva política energética, la revisión de la subvención para los combustibles líquidos y contar con mercados seguros para el gas. Así lo advierte el último informe de la Fundación Jubileo sobre la Situación del Sector Hidrocarburos.
Advierte que, si no se suman nuevos volúmenes, en 2030 la producción será de apenas 16,3 millones de metros cúbicos diarios (Mm3d) frente a una demanda interna de 18 millones. Además, en el corto plazo, se podría iniciar la importación de GLP, cuando baje el envío de gas a Argentina y, eventualmente, se reduzcan las operaciones de la planta de Gran Chaco.
Jubileo considera que se requieren medidas en el corto y largo plazo. Estas últimas suponen ajustes económicos estructurales, una política de transición energética, una nueva política energética -con leyes de Hidrocarburos y Electricidad-, la disminución de la subvención a los hidrocarburos, la gestión de mercados para el gas natural y que, bajo esas condiciones, Bolivia pueda recuperar su cualidad de país exportador neto de hidrocarburos. Además, ante la falta de nuevos descubrimientos y reservas, el país está viendo pasar las oportunidades en un escenario internacional de buenos precios, debido a que cuenta con una oferta de gas.
Raúl Velásquez, investigador en Energía e Hidrocarburos de Jubileo, explicó que también se requiere una política de precios para los hidrocarburos, un nuevo equilibrio fiscal entre el Estado y las empresas, y una institucionalidad con roles claros. La nueva ley, a su juicio, debe incorporar la obligación de reposición de reservas. Agregó que, en este proceso, hay que revisar el subsidio, lo que “es muy costoso políticamente”, y el régimen fiscal, estableciendo eventualmente escalas móviles para el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y una revisión de la participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Expresó que en el corto plazo continuará la declinación de los campos por lo que habrá menores ingresos por la venta del gas natural. Por ello, es necesario que se haga un uso estratégico de los recursos provenientes de las regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) -especialmente a nivel de las gobernaciones, municipios y universidades- a través, por ejemplo, de la creación de fondos de ahorro o de desarrollo económico. Agregó que se debe revisar el proceso de importación de combustibles -evaluando la participación de actores privados- y advirtió que se mantendrá una baja actividad exploratoria, fundamentalmente a cargo de YPFB.
LA PRODUCCIÓN EN DESCENSO
Las cifras muestran que la caída en la producción de hidrocarburos es prácticamente constante desde 2014, cuando el país alcanzó sus mayores niveles de producción de gas. En abril de este año, el país produjo un promedio de 38 millones de metros cúbicos diarios de gas y de 33 mil barriles diarios equivalentes de petróleo; frente a los 60 millones y los 63 mil barriles, respectivamente, alcanzados en 2014.
Además, el sector enfrenta otros graves problemas como el incremento del subsidio, producto del mayor consumo de hidrocarburos líquidos, y que debe cubrir un precio promedio de importación de 9,8 bolivianos por litro. Así, la balanza comercial del sector, ya presenta un déficit de 118 millones de dólares a marzo de 2023, luego de cerrar el 2022 con un saldo negativo de 1.235 millones.
El informe parte de la constatación de la triple dependencia de los hidrocarburos que tiene el país, debido a que no sólo requiere el gas para exportar y, por lo tanto, generar ingresos, sino que es la base de la generación de electricidad. De esta forma, Bolivia tiene una dependencia energética, eléctrica y fiscal, donde la transición energética “no es tan simple”, según Velásquez.
Revisando la evolución del sector, es evidente el descenso de la producción y la falta de inversiones en exploración. En la actualidad, sólo el campo Incahuasi-Aquio muestra un crecimiento en relación a 2014, año en el que comenzó a operar; el resto de los megacampos: San Alberto, Sábalo y Margarita-Huacaya, van reduciendo su producción, en un proceso natural, por lo que “no debería ser novedad, era previsible”. No obstante, Velásquez precisó que Incahuasi también muestra una tendencia a la baja desde mayo de 2022.
Agregó que YPFB, entre 2018 y 2021, impulsó dos planes de reactivación del upstream, los que no han dado los resultados esperados.
PUBLICIDAD
LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS
De acuerdo al análisis de Jubileo, la caída de la producción no sólo afecta los ingresos del país, sino que ha derivado en el pago de multas y la renegociación de los contratos de exportación. A esto se suma el crecimiento del mercado interno, a un ritmo de 5% anual, que hoy está en 14 millones de metros cúbicos diarios y en 2030 demandará 18 millones. Al estar subvencionado, el 1,3 dólar que cuesta el millón de BTU en el país, dista mucho de los 9 y 6,5 dólares que pagaron, respectivamente, Argentina y Brasil en marzo de este año.
También es marcado el crecimiento de la demanda de hidrocarburos líquidos, cuya producción cayó en un 47%, mientras el parque automotor -por mostrar un indicador- aumentó en un 206%. Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en ese orden, lideran el consumo de este combustible, pero -en el período 2015-2022- se pueden ver ritmos de crecimiento muy fuerte en La Paz (66%), Potosí y Beni, cada uno con 34%.
Todo lo anterior repercute en el costo del subsidio, el que en 2022 alcanzó a los 1.700 millones de dólares, muy por encima de los 700 millones programados. Velázquez explicó que esto se agrava porque se trata de una “subvención ciega”, que no distingue actividad económica, grupo poblacional, modelo de vehículo, entre otros factores, y tiene “un costo de oportunidad” en términos de salud y educación, por las inversiones que se podrían hacer con los recursos que hoy se destinan a su cobertura.
Advirtió que es importante buscar soluciones de fondo y lograr que el país sea un actor en la transición energética, precisando que el gas natural es el combustible que se utilizará en este proceso. Aseguró que, con acciones concretas, aún se puede garantizar el rol de Bolivia como país exportador de gas. (Asuntos Centrales).
Fuente: El diario