Las comunidades activan parcas deducciones para aliviar inflación e hipotecas, pero solo unas pocas practican una política fiscal propia que maximice la actividad
La cita con las urnas del 28 de mayo ha movilizado la oferta electoral en todas las comunidades autónomas que se examinan ante sus jefes, sus votantes. Sin estresar mucho la imaginación, han echado mano de los impuestos, con cebos coyunturales las más de las veces, y, salvo contaditas ocasiones, utilizando muy poca munición en las materias en las que tienen plena competencia de gestión. Corren riesgos limitados, porque limitada es la visibilidad que aprecian en unos ingresos que no gestionan, salvo los generados por los tributos propios, y dejan en muchos casos en meras limosnas las decisiones fijadas en sus presupuestos.
Mientras el estado autonómico no se transforme en un estado federal, altamente improbable por imposibilidad política y por el riesgo de ruptura del principio de solidaridad interterritorial, los márgenes de maniobra de las regiones del régimen común (País Vasco y Navarra cocinan y comen aparte) tiene limitaciones y deben ajustar sus ingresos y pagos a los parámetros que desde Hacienda y el políticamente desequilibrado Consejo de Política Fiscal y Financiera les impongan.
Pero no es verdad que hagan un uso activo de sus posibilidades, salvo las contadas excepciones que lo practican desde hace años y encuentran a menudo la contraprogramación del Gobierno central. Es cierto que el modelo de financiación autonómica y municipal arrastra infinidad de ineficiencias y es un laberíntico sudoku que siempre está pendiente de una revisión, pero que nadie se ha atrevido a abrir desde hace quince años; pero tal cual está la legislación, las regiones disponen de una apreciable capacidad de maniobra en los ingresos cedidos y propios, aunque a muchas de ellas les da vértigo utilizarlo por los riesgos de una pérdida de recursos.
Solo Madrid desde hace varios años, y ahora de forma timorata alguna otra comunidad popular o socialista, ha hecho uso intensivo de su capacidad sin perder ingresos, sin deteriorar los servicios públicos que presta (y sobrepresta sanitariamente a clientes de todas las comunidades colindantes) y sin incurrir en tasas de déficit fiscal superiores a la media. Lógicamente, los niveles de actividad de la región, muchos de ellos estimulados y generados por las propias bajadas de impuestos, los altos niveles de renta de sus contribuyentes y el efecto de la capitalidad, aportan un plus de recursos notable que le permiten ensayarlo.
Madrid, y no es la única comunidad, ha anunciado ya como parte de su campaña electoral una nueva bajada de medio punto en todos los tramos regionales del IRPF, y abre ya una brecha muy significativa con regiones que han optado por no modificar los iniciales o por elevarlos, que de todo ha habido. El tipo autonómico mínimo en Madrid sin contabilizar la bajada anunciada para la próxima legislatura es ya del 8,5%, frente al 10,5% de Cataluña o el 10% de Asturias. Pero el desfase es mucho más intenso en los tramos elevados de renta, donde Madrid tiene una tarifa del 20,5%, frente al 29,5% de la Comunidad Valenciana, el 27% de La Rioja o el 25,5% de Cataluña.
Esta práctica de movilizar la tarifa la convierte en una fórmula estructural y generalizada de practicar la política fiscal, que ahora han iniciado otras regiones con Ejecutivos populares o socialistas, aunque sin la capacidad económica y el sesgo liberal de la administración de Madrid. Aragón reduce de diez a nueve tramos del IRPF y rebaja medio punto la tarifa, mientras que Castilla y León reduce medio punto el tipo mínimo, y la Comunidad Valenciana, un punto su tramo mínimo, que debería evolucionar a una práctica que afectase a todos los tramos de renta para no estresar más la ya existente doble progresividad del impuesto.
La deflactación parcial de la tarifa y de los mínimos exentos en la parte autonómica del IRPF ha contado con más adeptos, tras detectar los gestores regionales la contracción del poder de compra y del valor de los ahorros que causaba la inflación en los hogares. Andalucía actualiza al 4,4% solo los primeros tramos y los mínimos personales y familiares; Canarias deflacta parcialmente los tramos hasta 90.000 euros; Madrid deflacta un 4,1% todos los tramos y los mínimos personales; Galicia y Murcia deflactan solo los tres tramos más bajos; Navarra, solo un 2%; y el País Vasco, más generoso, deflacta un 5,5%.
Ya con carácter puramente puntual (un ejercicio o dos a lo sumo) activan ayudas directas para aliviar el daño del avance de los precios Canarias, Castilla La Mancha o Cantabria, mientras que generan nuevas deducciones para aligerar el coste de las hipotecas (generado indirectamente por la inflación) la Comunidad Valenciana, Extremadura solo para menores de 35 años, o Baleares para rentas inferiores a 33.000 euros.
La compra de coches eléctricos, las ayudas a familias monoparentales, las subvenciones a la educación de los hijos, el estímulo a la compra de acciones de empresas, a la emancipación familiar, o al alquiler de vivienda habitual, etc. aparecen en varias regiones entre las 26 deducciones de nueva planta aparecidas este año, que se suman a las más de 300 existentes previamente y que suponen un ahorro para los contribuyentes de algo más de 400 millones de euros al año.
Estas deducciones, y otras de carácter extravagante, tienen un carácter más longevo y dan pistas de la particular intencionalidad de la política fiscal de los gobernantes autonómicos. Pero constituyen y engordan una especie de creciente capítulo de gastos fiscales, de profundo arraigo y pernicioso abolengo en el Presupuesto nacional, que introduce complejidad en el impuesto, genera discriminaciones y desigualdad de trato, y alimenta clientelismos locales imposibles de extirpar después.
La capacidad fiscal está para usarla, por muchas limitaciones que el corsé de Hacienda imponga. Y puede hacerse para fomentar particularismos nacionalistas o para estimular el crecimiento de la actividad económica. Si las regiones disponen de una parte notable de varios impuestos, y capacidad normativa en su cuota del impuesto de la renta, los contribuyentes tienen derecho a distinguir qué aportaciones les exigen sus gobiernos autonómicos y qué prestaciones reciben de los mismos. Si se limitan a recibir los ingresos de Hacienda y gastarlos en las tres cuestiones que tienen asignadas, serían simples funcionarios con brazos de madera, y someterse al escrutinio de sus jefes, sus votantes, sería estéril.
Fuente: Cinco dias