El Gobierno de Arce considera que puede ahorrar alrededor de 250 millones de dólares si mejora los controles fronterizos
Bolivia sufre una constante sangría de tres combustibles: diésel, gasolina y gas. Los dos primeros salen de contrabando hacia los países limítrofes. El gas es desviado mediante conexiones privadas clandestinas o se usa para la producción ilegal de electricidad. La causa es la misma: los precios bajos bolivianos. Al estar subvencionados, los combustibles son significativamente más baratos que en los de los países del vecindario o las opciones energéticas alternativas. El presidente Luis Arce inició una operación de control de este contrabando “a la inversa” con la esperanza de ahorrar 250 millones de dólares al país. En respuesta, los expendedores y los principales consumidores de hidrocarburos protestan contra las restricciones que este plan provoca.
Un litro de gasolina en Bolivia cuesta 50 centavos de dólar, menos de la mitad que en Argentina o Brasil, y una tercera parte del precio de Paraguay, Perú y Chile. Los valores internos de los combustibles están congelados desde fines del siglo pasado. Simultáneamente, el precio internacional del petróleo ha atravesado muchos altibajos. El país pudo resistir sin problemas las subidas cuando era un importante exportador de gas y producía la mayor parte de la gasolina que consumía (el diésel, en cambio, siempre ha tenido que importarlo en parte, porque sus yacimientos poseen solo una pequeña cantidad de petróleo pesado).
Luego, como reconoció Arce hace poco, los reservorios bolivianos “se cansaron”. En 2021, el país tuvo que importar casi el mismo valor por gasolina y diésel que el que exportó por gas natural. Y, en 2022, se convirtió en un importador de hidrocarburos: exportó 3.400 millones de dólares de gas y, simultáneamente, importó 4.365 millones de dólares de gasolina y diésel. Este descalce es la principal causa de la escasez de dólares que sufre el país en este periodo. Por ella, el Gobierno acaba de promulgar una ley que autoriza al Banco Central a vender parte del oro de sus reservas para conseguir la divisa estadounidense.
La importación boliviana de combustibles sufrió un cambio abrupto entre 2021, cuando ascendía a 2.120 millones de dólares, y 2022, año en que la cifra se duplicó. Este salto se debió, en parte, al aumento del precio internacional del petróleo, que trepó de 82 dólares el barril en septiembre de 2021 a 108 dólares en junio de 2022 (y luego bajó, pero manteniéndose por encima de los 70 dólares el barril). También fue causado por el aumento de la cantidad de vehículos. La tercera causa fue la ilegal: una “sobredemanda” por el contrabando a los países vecinos a través de fronteras llenas de pasos clandestinos.
Hasta ahora no se ha medido con precisión cuánto se pierde por contrabando, pero el Gobierno considera que puede ahorrar alrededor de 250 millones de dólares si controla mejor las fronteras. “Detectamos que en 2022 una motocicleta cargó más gasolina que diez camiones cisternas”, ilustró Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, en una conferencia de prensa. Dijo que también identificaron expendedoras que subieron sus compras de combustibles en 100 y 200%.
El Gobierno ha movilizado a los militares y a sus funcionarios en el plan Soberanía, que endurece el control de las compras internas de combustibles. Este ya existía desde que el Estado se hizo cargo del negocio petrolero, pero hasta ahora solo se había cumplido de forma muy laxa. El mecanismo consiste en que los consumidores, que deben estar registrados en un sistema electrónico de monitoreo que identifica las matrículas de sus vehículos, adquieran un máximo de 120 litros mensuales por persona. Los que necesiten más deben tramitar una autorización específica.
Grupos de productores de Santa Cruz, que es la región agroindustrial del país, han organizado “tractorazos”, es decir, bloqueos de caminos con maquinaria pesada para exigir la suspensión de las restricciones: “En tiempo de cosecha, un solo tractor consume 600 litros por día” y “nosotros somos productores, no tramitadores”, fueron algunas de las razones que esgrimieron.
Las gasolineras, el único eslabón de la cadena productiva del petróleo en manos privadas, reclamaron por haber recibido el papel de comisarias para evitar el contrabando. El Gobierno amenazó con intervenir a las estaciones de gasolina que se resistan a cumplir sus instrucciones.
Los economistas de la oposición son escépticos sobre lo que estas acciones puedan lograr. El contrabando “a la inversa” de combustibles también se da en otros países con precios subvencionados, como Ecuador y Venezuela. Varios especialistas han propuesto, como respuesta estructural, el levantar las subvenciones que benefician sobre todo a la clase media propietaria de automóviles, manteniendo la protección de los más pobres. El Gobierno ha descartado esta posibilidad. Prefiere apostar por la construcción de plantas de biodiesel, que producen el combustible a partir de la soja y otros vegetales. Ya se han destinado algunas inversiones públicas a eso, pero son polémicas por su eficiencia económica y su costo ambiental.
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Fuente: El pais