El Estado pierde de recibir impuestos por este flagelo que afecta el comercio formal en el país. El contrabando también amenaza el empleo formal, advierte Cainco
La actividad ilegal de contrabando es tipificado como un delito económico que viene afectando desde hace tiempo a Bolivia. La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señaló que este flagelo ha generado pérdidas en 1.400 millones de dólares, de acuerdo a estudios que se basan en la gestión 2020 y 2021.
De los rubros más afectados, es la mercadería de alimentos la que tiene más ingreso, señala Ian Miranda, jefe de investigación sectorial de Cainco, en donde se ha evidenciado que diversos productos son internados al país sin cumplir con el registro sanitario ni control aduanero generándose también un daño al Estado porque no hay un pago arancelario.
“Del sector de alimentos es 551 millones de dólares de mercadería de contrabando que repercute en toda la cadena productiva. Esto puede derivar en la pérdida de al menos 25.000 fuentes de empleo de calidad”, dijo Miranda.
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A través de un informe especial de UNITEL se evidenció que en la ruta Yacuiba – Santa Cruz existen flotas que en vez de transportar pasajeros, trasladan mercadería de contrabando, usan la carretera principal pasando por pocos controles aduaneros, sanitarios y siguen de largo, también utilizan rutas alternas para llegar a depósitos.
La mercadería ingresa por Yacuiba, en la frontera denominada El Paso – camuflado como un baño público y – La Banda – donde según productores locales, ingresa maíz de contrabando con un trabajo hormiga.
Como una solución para enfrentar este problema, desde la Cainco se plantea “una buena articulación público-privada”, que, basado en la experiencia de otros países, puede incidir en la población para no consumir mercadería de contrabando, porque no tiene registro sanitario, puede afectar a la salud.
Otro punto que remarca Miranda es la de generar incentivos al productor, al importador formal para facilitar el comercio, pues “mayores restricciones impositivas en materia laboral y otro tipo de regulación administrativa no fomenta a que la industria nacional y el comercio formal siga apostando por el país”.
Fuente: Unitel, 24 de Enero de 2023