El punto de partida fue marcado en 1995, con algunos años de interrupción, pero con una fecha cierta (junio de 2019) donde se concluyó la etapa de negociación del Acuerdo estratégico que tiene como protagonistas al MERCOSUR y a la Unión Europea (UE). Los arduos años de labor son el resultado de las asimetrías de desarrollo económico y de la propia contraposición de intereses comerciales, que sellaron con la posibilidad de implementación bilateral del Acuerdo para cada socio del MERCOSUR que lo ratifique, luego de que sea aprobado por la UE.
No llegó a trascurrir un año mientras se estaban revisando los textos negociados, cuando se desencadenó una de las mayores crisis económicas globales acontecida por la pandemia del COVID- 19. A ese panorama complejo y delicado, se sumó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dejando en estado de shock al mundo y con una traducción clara sin fronteras idiomáticas: debilidad del comercio mundial y de la actividad económica global.
En esta coyuntura adversa, que interpela al mundo entero, se hace imperioso repensar ese acuerdo negociado allá a lo lejos —menos de 3 años— a la luz de la realidad hoy impuesta. Es decir que, si bien esa voluntad negociadora debe sostener determinadas consignas que en caso de ausencia desnaturalizarían la finalidad original del Acuerdo, se requiere la realización de nuevos estudios de impacto—regionales y nacionales—, con la mirada puesta en aquellos sectores claves que se quieran impulsar.
Si al contexto general se le suma en lo particular la Decisión de la Unión Europea- Bruselas [1], —dada a conocer como “El Pacto Verde Europeo”—, que apunta a transformar a la UE en una economía moderna –eficiente en el uso de los recursos y competitiva para dar respuesta a los desafíos del clima y el medio ambiente-; a todas luces ese Acuerdo necesita una reconfiguración, que por cierto no va a visualizarse en el corto plazo. Por lo que resulta ineludible explorar caminos alternativos.
Un primer paso es observar la hoja de ruta trazada en la III Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de CELAC y UE, entre el Canciller argentino, Santiago Cafiero y el Alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell Fontelles, el pasado octubre, donde al referirse a la agenda bilateral de cooperación entre Argentina y la UE, manifestaron la voluntad de profundizar vínculos, poniendo énfasis en el rol estratégico que juega la energía y la producción de alimentos en esa relación reconfigurada conforme a las necesidades actuales y futuras del corto y mediano plazo.
Sin lugar a dudas, la primera conclusión es que las demandas de UE podrían—y deberían—ser cubiertas por la Argentina, de darse determinados factores. Así se viene gestando y lo anunciaron los representantes citados precedentemente, al trazar los ejes que culminaría con la inminente firma de un “Memorándum de Entendimiento”, que tendría como objetivo facilitar el desembarco de inversiones a la Argentina con miras a fortalecer la infraestructura necesaria para mejorar e industrializar las cadenas de valor de los productos que nuestro país podría exportar y ellos requieren —alimentos y energía, fundamentalmente—. Para ello, y no menos necesario, es indispensable que se fijen reglas claras para la entrada y salida de capitales relacionados a dichas inversiones concretas y reales, que garantizarían empleo, avances en ciencia y tecnología; y divisas. Pero todo este engranaje de políticas públicas no puede carecer del equilibrio que se precisa para implementar un plan de esta magnitud, como por ejemplo evitar el desabastecimiento interno o la escalada de precios relacionada con la demanda global.
Desde el análisis de políticas concretas en materia ambiental, la UE —y todos sus Estados miembros— y Argentina oportunamente firmaron y ratificaron el Acuerdo de París, demostrando así el empeño en la aplicación y ejecución de los compromisos asumidos. Por parte de la UE, sus países integrantes han acordado convertirse en la primera economía y sociedad climáticamente “neutras” de aquí a 2050, estableciendo su estrategia de reducción del 55% al 2030 de la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. En relación a la lucha mundial contra el cambio climático, Argentina en su Contribución Determinada a Nivel Nacional [2] estableció compromisos y ejes de trabajo, coincidentes con los principios de la UE, relativos a la disminución de la emisión de gases con efecto invernadero para el año 2030, transición energética que promueva la eficiencia y la migración hacia una matriz de energías limpias, transición productiva relativa al fomento de cadenas de valor nacionales vinculadas a la planificación productiva e innovación con eje en la gestión del riesgo climático y fundamentalmente la movilidad sostenible que tiende a adaptar la infraestructura y transporte al uso eficiente de la energía eléctrica y reemplazar progresivamente los combustibles fósiles.
En ese contexto, Argentina tiene un rol preponderante y su compromiso en materia medioambiental demuestra concretamente la intención del país de ocupar nuevos espacios de discusión con acciones claras y compromiso de integración. La situación económica del país, ante un panorama de nuevas inversiones y apertura de mercados, podría traer alivio respecto al objetivo de que la balanza comercial sea superavitaria, con los beneficios que conlleva para todo el comercio e industria nacional.
La agenda está abierta, Argentina ejercerá la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR en el primer semestre de 2023, la situación individual de los países miembros amerita buscar entendimiento. Los cimientos que se han dejado resultan operativos para retomar las conversaciones y establecer nuevos objetivos coherentes con las demandas actuales que permitan a los miembros del MERCOSUR colocarse en una posición ofensiva, buscando así transformar las barreras en puentes.
Fuente: Aduana News, 18 de Diciembre de 2022
Acuerdo MERCOSUR- UNIÓN EUROPEA: ¿la bilateralidad como camino? – Aduana News