Abre la puerta a la validación definitiva, que se decidirá la próxima semana
Las nuevas figuras entrarán en vigor el 1 de enero
El Senado, dentro de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital reunida este miércoles, ha rechazado los dos vetos y las 72 enmiendas presentadas a la proposición de ley que articula los nuevos impuestos a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas. De esta forma, la normativa se mantiene en los términos en los que fue remitida desde el Congreso de los Diputados, abriendo la puerta a que sea aprobada de forma definitiva en el Senado para que entre en vigor en tiempo y forma, es decir, antes del 1 de enero de 2023.
Para que esto suceda, eso sí, la próxima semana tendrán que volver a ser rechazados en el Pleno los dos vetos y las enmiendas parciales. En la Comisión de este miércoles, los vetos recibieron 12 votos a favor y 18 en contra. De su lado, el informe de la ponencia obtuvo 16 votos favorables, 12 en contra y 2 abstenciones.
Los vetos y enmiendas proponían diversos cambios, desde la supresión de las nuevas figuras hasta rediseños de calado que habrían modificado la base imponible y las cifras de recaudación previstas. Entre las propuestas, por ejemplo, se recogía que se destine la mitad de los ingresos a las comunidades autónomas o que solo se graven los beneficios extraordinarios de las compañías afectadas, entre otros. El grupo parlamentario socialista, por su parte, trabajaba para no tener que incluir ninguna modificación y así evitar que la ley volviese al Congreso y pueda quedar definitivamente aprobada en el pleno de la semana que viene, que se celebrará el jueves 22.
El veto general del PP defendía que la proposición de ley que incluye las tres figuras es un «fraude» porque, al no ser un proyecto de ley, elude el dictamen del Consejo de Estado y además crea un nuevo impuesto que pretende «la confrontación entre pobres y ricos», en referencia al nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. También el veto de Ciudadanos carga contra el impuesto sobre los grandes patrimonios por afectar a la competencia y atracción del país. A su vez, proponía modificar los de banca y energéticas para limitarlos a un solo ejercicio y que gravasen únicamente los beneficios extraordinarios.
Las enmiendas del PP pretendían equiparar el impuesto energético a la tasa europea sobre beneficios extraordinarios de empresas combustibles y suprimir tanto el impuesto sobre las grandes fortunas como el impuesto sobre la banca. Algo similar proponía la formación naranja al proponer la supresión del impuesto a los ricos y pedir adaptar las prestaciones no tributarias a banca y energéticas a los estándares europeos. Vox, además de plantear que los gravámenes actúen sobre los beneficios, pedía que la recaudación obtenida tenga una naturaleza finalista: es decir, que sea destinada a partidas concretas para aliviar la crisis energética.
Las enmiendas de ERC, por su parte, proponían que la mitad de los recursos obtenidos por los tres impuestos se ingrese a las comunidades autónomas, así como gravar con el impuesto sobre transacciones financieras productos especulativos como los derivados o elevar los tipos para las ganancias del juego. PNV, de su lado, presentó cuatro enmiendas para que el impuesto energético gravase, de nuevo, los beneficios extraordinarios en lugar de los ingresos. También proponía establecer una deducción por inversiones relacionadas con la transición energética y excluir del tributo los ingresos de las sociedades del grupo cuya actividad principal no sea energética.
Las enmiendas de Bildu planteaban que también tributen en el impuesto de la banca los ingresos obtenidos fuera de España. Los cambios presentados por Más Madrid proponían que las tres figuras se conviertan en permanentes y que el 50% de la recaudación se destine a las autonomías.
Fuente: Cinco Días, 14 de Diciembre de 2022