Fuente: Página Siete, 24 de septiembre de 2022.
El Informe de Política Monetaria dio cuenta que cinco empresas estatales accedieron a reprogramación y diferimiento de sus deudas. En un año, el monto llegó a los Bs 2.154 millones; YPFB es la que más se benefició.
El diferimiento y la reprogramación de los créditos a cinco empresas estatales alcanzó los 2.154 millones de bolivianos en un año. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) acaparó el 51% del total, también figuran compañías grandes como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Expertos advierten que estos impagos podrían afectar aun más las Reservas Internacionales Netas (RIN).
“Del Informe de Política Monetaria del BCB, este cuadro (ver infografía) muestra que los diferimientos y reprogramaciones de créditos de las Empresas Públicas alcanzaron los 2.154,5 millones de bolivianos. Sabemos que la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) son un desastre, pero llama la atención YPFB y ENDE”, afirmó el economista Gabriel Espinoza.
El Informe de Política Monetaria (IPM) del Banco Central de Bolivia de junio del año pasado detalló que en “atención de la solicitud de diferimiento y reprogramación de las cuotas de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2021” se autorizó el diferimiento automático de las cuotas de pago de capital e intereses correspondiente a 2021 de los préstamos otorgados a entidades del sector público.
Por lo tanto, se realizó la postergación de pagos de capital e intereses a ENDE y se reprogramó una cuota de capital e intereses de YLB. “Con esta medida, se dio alivio financiero a estas empresas para que puedan atender otras necesidades”, detalla el documento publicado en la anterior gestión.
Un año después, el IPM que presentó el BCB el pasado 13 de septiembre dio cuenta de los resultados de dicha medida. ENDE, por ejemplo, accedió a un diferimiento en el pago de capital e intereses por 131,8 millones de bolivianos y a una reprogramación de su deuda por 113,1 millones de bolivianos.
Por otra parte, YPFB logró una reprogramación de 1.116 millones de bolivianos como el monto más alto de las cinco compañías estatales; YLB es la segunda con 523,9 millones de bolivianos; Easba fue de 267,1 millones de bolivianos; y la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) optó por una reprogramación en el pago de intereses de 2,5 millones de bolivianos.
El documento emitido por el BCB da cuenta que en el primer semestre de este 2022 el TGN “no acudió al BCB” a solicitar créditos. “Al contrario, realizó pagos disminuyendo el saldo de su deuda. Por su parte, las EPNE (Empresas Públicas Nacionales Estratégicas) solicitaron nuevos desembolsos y realizaron el pago de amortizaciones e intereses de acuerdo a cronogramas establecidos”.
El analista económico Julio Linares advirtió que “ya pasó la época dorada” para empresas como YPFB o ENDE que accedieron a una reprogramación o diferimiento de sus deudas. “A pesar de que tienen superávit en estado de resultados y balance, son empresas que pueden prestarse gracias al gran patrimonio que tienen, pero ya no cuentan con la liquidez que antes tenían para hacer inversiones. Ya pasó la bonanza y ahora necesitan dinero para efectuar sus operaciones e inversiones”.
Linares advirtió que en caso de incrementar estos montos diferidos y reprogramados, “no se podrá recuperar el nivel que antes tenían las RIN. Es una deuda que no se sabe cuándo se va a recuperar. Estamos rifando las joyas de la abuela y como las empresas no tienen liquidez, vamos empeorando”.
Gabriel Espinoza afirmó que “ya se venía reclamando la diferencia de trato que reciben las empresas públicas respecto al sector privado”. Explicó que mientras los privados volvieron a pagar sus deudas al sistema financiero, el sector público continúa aplicando diferimientos o reprogramaciones para “ciertas” empresas que no tienen un flujo de caja adecuado.
“Ésta es una señal de que gran parte de las empresas públicas no son sostenibles. Si no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras obviamente tienen un problema en la matriz productiva, el modelo de negocios y quizá en la administración”, advirtió.
Espinoza lamentó que el MAS hubiera encontrado un “resquicio legal” que le permitió financiar a las empresas públicas con recursos del Banco Central. Ese mismo resquicio también abrió la posibilidad de permitir refinanciamientos, reprogramaciones y diferimientos. “El BCB está cumpliendo con la norma pero la sostenibilidad de las empresas públicas y su éxito está en cuestionamiento”.
2.154 millones de bs es el monto de los créditos reprogramados y diferidos a cinco empresas públicas estratégicas.
COB: Decreto 4783 atenta a las empresas estatales
La Central Obrera Boliviana (COB) pidió la derogación del Decreto Supremo 4783 que obliga a las empresas estatales y con participación mayoritaria del Estado a transferir recursos al Tesoro General de la Nación (TGN) para apoyar proyectos de inversión pública y programas de interés social.
”El ampliado nacional rechaza el Decreto Supremo 4783 y exige su abrogación, ya que no fue socializada, ni consensuada con los trabajadores. Asimismo, atenta a la estabilidad económica de las empresas estratégicas del Estado”, detalla el tercer punto de las resoluciones emitidas el pasado 21 de septiembre.
El Decreto Supremo 4783, del 24 de agosto de 2022, en su artículo 1 dispone que “las empresas públicas del nivel central de Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria (…) transfieran recursos al TGN para financiar proyectos de inversión y programas de interés social”.
Los recursos que las empresas deberán transferir al TGN serán parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión. Para el cumplimiento de esta disposición, el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (Coseep), previa evaluación del plan de negocios, sostenibilidad financiera y rentabilidad, determinará los márgenes para ser transferidos al TGN.
Las empresas estatales y con mayoría accionaria del Estado tendrán un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación del Coseep para realizar la transferencia de los recursos al Tesoro General de la Nación.
Fuente: Página Siete.