Fuente: El Deber, 8 de julio de 2022.
El sector dice que el proyecto de Ley 249 legaliza el asentamiento de comerciantes en los espacios públicos y pide una nueva norma. El presidente los llamó “vendidos”
El conflicto entre el Gobierno y el sector gremial no termina. Pese a que el presidente, Luis Arce Catacora, se comprometió a anular un polémico artículo de un proyecto de ley a favor de los miembros de esta actividad, sus dirigentes aseguran que eso no basta. Redoblan las exigencias y exigen que se archive la norma porque consideran que legaliza el comercio ambulante. No es la única observación, afirman no tiene sustento legal ni económico. Piden consensuar un nuevo proyecto con el visto bueno de los comerciantes.
Ayer, el sector cumplió su amenaza y movilizó a todos sus integrantes a escala nacional, quienes protagonizaron marchas de protesta y bloqueos de caminos en las principales urbes del país. En primera instancia, el sector pedía retirar el artículo 11 del proyecto de Ley 249.
Este apartado establece que: “la Aduana Nacional realizará cuando corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero a las personas, establecimientos, depósitos de mercadería de distribución y el tránsito de mercancías en zona secundaria conforme a normativa vigente, considerando los derechos de las y los comerciantes, vivanderos y artesanos”.
En Santa Cruz los integrantes del sector establecieron dos frentes de movilización, el primero en la capital oriental que realizó una marcha de protesta por las calles del sector. Mientras que el segundo grupo bloqueó la carretera a Warnes, que se mantuvo hasta el mediodía.
En La Paz, el sector marchó hasta el centro de la ciudad. También se registraron marchas de protesta en Oruro, Potosí y Cochabamba.
Édgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Gremialistas de Santa Cruz, señaló que no basta con anular un artículo dado que el proyecto no tiene sustento legal, incluso denunció que legaliza el comercio de los ambulantes en detrimento de los integrantes de su sector.
“En el proyecto dicen que se garantiza el trabajo gremial en las áreas de uso y dominio público. Con eso se quiere legalizar a la gente que está asentada en las calles”, advirtió el dirigente.
Álvarez aseguró que en los próximos días se reunirán en un ampliado nacional para definir nuevas estrategias, pero aclara que la idea que este proyecto se archive.
“El mandato que dio el ampliado nacional en Santa Cruz fue pedir la anulación del proyecto de ley y que se consensúe otro. Nos corresponde volvernos a reunir y tomar otras determinaciones”, dijo.
El secretario general de la Confederación de Gremialistas de Bolivia, Antonio Siñani, dijo que la única salida a este conflicto es que el presidente anule el proyecto y se realice una nueva norma junto al sector de acuerdo a su realidad.
Precisó que el proyecto estatal contempla una serie de beneficios como jubilaciones, seguro médico y demás. No obstante, no aclara de dónde saldrán los recursos para financiarlos.
Arce los llama “vendidos”
Ante la presión que se registró ayer, el presidente Luis Arce dio marcha atrás y anunció la eliminación del artículo 11 de ese proyecto. El anuncio lo hizo en un acto político con gremialistas afines a su administración. Pero no fue lo único que dijo.
Al calor de la efervescencia del evento tildó de “vendidos” a los dirigentes contrarios al Gobierno.
“No hay que dejarse sorprender por esos. Algunos dirigentes vendidos a la derecha, que siempre han estado haciéndole el flaco favor al juego a la derecha, que siempre han engañado a la familia gremial. Hoy es tiempo de lo que ustedes están enseñando, unidad de nuestra familia gremial”, dijo la autoridad nacional.
Sobre la polémica norma señaló que esta “ley protege su fuente de trabajo, se reconoce el derecho a tener su vivienda, salud, jubilación, todo eso está reconocido en el proyecto”.
Incluso sostuvo que la norma reconoce el acceso a un “crédito justo” en el sistema financiero y también aplica un fondo, donde los comerciantes solo tendrán que asegurar un 50% de la garantía para acceder a un préstamo.
Pero los dirigentes del sector que no son afines al Gobierno indicaron que no se establece de dónde saldrán los recursos y aseguran que el conflicto no terminó.
Fuente: El Deber.