Fuente: El Deber 23 de enero de 2022
Durante la gestión 2021 las exportaciones de este sector superaron los $us 5.000 millones, pero su aporte a la recaudación realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) llegó a solo $us 144,1 millones
Con una participación del 54% en las exportaciones nacionales, el sector minero es de lejos el más robusto en el comercio exterior. Sus números saltan a la vista. Hasta noviembre de 2021 las exportaciones llegaron a los $us 5.322 millones, cifra extraordinaria después de un 2020 desastroso, por la caída de precios a escala global a raíz de la pandemia del coronavirus.
Pero más allá de los resultados favorables en las ventas externas, analistas consultados cuestionan el aporte real que hace el sector al erario nacional.
El último informe el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) detalla que la recaudación impositiva por la actividad minera llegó a los $us 144,1 millones (Bs 1.003 millones). Esta cifra representa un 2,7% de las ventas externas realizadas por el sector.
Según cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) durante el período 2014-2020, las exportaciones bolivianas de minerales sumaron más de $us 25.000 millones, por la venta de 11 millones de toneladas; en dicho lapso se registró el pico más alto en el año 2019, cuando alcanzaron los $us 4.257 millones.
A noviembre del 2021, el valor de las exportaciones de minerales se duplicó con respecto a igual período de 2020 y sobrepasó los 5.000 millones de dólares, cifra que supera al máximo histórico registrado en la gestión 2019.
El volumen alcanzó las 1,5 millones de toneladas generando un incremento del 41%.
Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), señaló que, como cualquier otra actividad, las empresas mineras están obligadas a pagar impuestos y regalías. Sin embargo, no todas lo hacen.
Explicó que la actividad no aporta más que un 9% del mineral que extrae a favor del Estado. Con el resto los recursos, las empresas pagan las operaciones y distribuyen utilidades.
El especialista dijo que la minería formal paga hasta un 37,5% por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) cuando la cotización de los precios es alta.
Un 25% corresponde al margen establecido por ley. Pero si el costo de los minerales es elevado, las compañías deben pagar una alícuota adicional del 12,5%. Pero no todas las empresas pagan estos porcentajes. Córdova sostuvo que, por diferentes motivos, las cooperativas mineras no pagan este impuesto al Estado.
“Si todos pagaran impuestos, otro sería el escenario. Pero todos sabemos que los cooperativistas no tributan”, afirmó.
La exautoridad cree que es necesario regular al sector debido a que más del 50% de las exportaciones mineras corresponden a las cooperativas mineras, en especial, las que realizan la extracción del oro.
Para Córdova, los cooperativistas están aprovechando la ley minera para omitir el pago de regalías. En Bolivia las normas establecen un pago de hasta el 7% de regalías por la extracción del oro. No obstante, la misma norma indica que si un yacimiento es complejo o malo las operadoras deben de pagar un 5% de regalía. “Y si el yacimiento es marginal y se realiza una producción a pequeña escala y artesanal entonces pagan el 2,5%”.
“Todas las cooperativas declaran que su yacimiento es marginal y que trabajan artesanalmente y; por eso, todos pagan el 2,5% de regalía, cuando cualquiera puede ver que en Mapiri y Rurrenabaque usan dragas inmensas, maquinaria pesada, que nada tiene que ver con la minería a pequeña escala”, cuestionó Córdova.
Actores de la actividad
Según un informe de la Fundación Milenio un gran número de minas operadas por cooperativas, realizan sus actividades en la informalidad.
“En su inmensa mayoría, estas operaciones se caracterizan por la depredación y parcelación de los yacimientos, intensa contaminación ambiental, informalidad laboral y condiciones inhumanas de trabajo, así como por la falta de capacitación, seguridad social e industrial, asesoramiento técnico y acceso formal a financiamiento”, asegura Milenio
La organización coincide en que la aportación de estas minas a los ingresos fiscales es mínima, como restringido es su impacto en el desarrollo económico de las regiones donde operan.
“Sin embargo, este sector ocupa a más del 90% de la fuerza laboral minera, y participa con alrededor del 11% del tonelaje total de minerales producidos. De ahí, también, su relevancia social”, agrega.
El estudio de Milenio destaca también la minería empresarial, compuesta por no más de cinco compañías mineras con capital extranjero, que invirtieron en exploración y en proyectos productivos antes de la vigencia de la Constitución de 2009 y de la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535 de 28 de mayo de 2014).
“Este puñado de empresas es la columna vertebral de la minería boliviana, ya que participa con el 76,5% del tonelaje total de los minerales producidos, empleando tan solo al 4,2% de la fuerza laboral; sus operaciones son de alta productividad, con uso intensivo de capital y tecnología”, señala.
Las firmas de la minería privada son también, según Milenio, el subsector que más contribuye a las recaudaciones fiscales por concepto de regalías e impuestos mineros. En 2019, el sector aportó el 74% del total de la renta minera.
“Sin embargo, debido a las adversas condiciones para la inversión extranjera, las empresas privadas no invierten en labores de exploración; sus esfuerzos se limitan a explotar las reservas en las minas que operan y a ejecutar programas muy restringidos de expansión de reservas en áreas circundantes”, señala Milenio.
Un tercer actor minero destacado por la Fundación, la estatal Comibol, emplea al 4,2% de la fuerza laboral minera y produce el 12,5% del total de minerales.
“Desgraciadamente, esta empresa parece estar sufriendo los mismos males que la condujeron a su bancarrota en 1985: burocracia hipertrofiada, carencia de recursos humanos calificados, baja productividad, falta de capital y tecnología, proyectos mal concebidos y sucesivas pérdidas económicas”, revela Milenio.
Cambios
El exministro de Minería, Dionisio Garzón, coincide en que uno de los mayores problemas en el sector es la informalidad que se ve representada en la proliferación de cooperativas mineras.
Para contrarrestar esta situación, es necesario, según Garzón, realizar cambios en la actual ley minera para que todos puedan tributar e incluso ejecutar más proyectos. Precisó que, con el actual sistema de regalías en impuestos, pocas son las empresas que contribuyen al Estado.
“Hay que formalizar las operaciones mineras. Todas (las empresas) deberían ser tratadas como empresas privadas. Las cooperativas deberían asociarse con un capitalista, esto podría generar un incremento en los ingresos”.
En este escenario, la exautoridad sostuvo que es necesario revisar la actual Ley Minera, que entró en vigencia en 2014.
“Lo que hay que hacer es modificar la legislación para que existan contratos de asociación entre el Estado y el sector privado. Así, podríamos tener más proyectos operando en el país y no como ahora que tenemos pocos. Todo lo demás es informalidad”, aseguró.
El especialista sostuvo que el sector es uno de los que más divisas genera al país, pero a la vez es el que menos aporta en la composición del Producto Interno Bruto, aunque destacó que genera una buena cantidad de mano de obra. “Históricamente hemos estado entre el 4,5 y el 6,5% del PIB, pero hay que tener en cuenta el factor multiplicador en mano de obras, contratos, energía y todas las actividades relacionadas”.
José Padilla, exsecretario de Hidrocarburos y Minas de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que la minería representa una interesante fuente de ingresos para el Estado, no obstante, ratifica que las alícuotas que pagan son bajas.
Sin embargo, aclaró que las empresas privadas dedicadas a la actividad extractiva tienen que pagar adicionalmente a las regalías todos los demás impuestos a diferencia de la minería pequeña, como los cooperativistas.
“El que más gana en las exportaciones en especial de oro, son las cooperativas”, dijo.
Sostuvo que hasta la fecha las que más recursos han aportado a las regiones han sido las empresas privadas y no así las cooperativas.
En su análisis, Padilla explica que no existe una evolución en el sector minero y que la actual norma que rige el sector acentuó el carácter extractivo de la actividad.
Los tres expertos coincidieron en que es difícil cambiar la situación y más hablar de que el Estado pueda regular la actividad o nacionalizar la producción.
Convienen en que el factor para no realizar ningún cambio es el político dado que los cooperativistas, tienen gran influencia en el partido de Gobierno.
Córdova precisó que si todos los actores de este negocio, incluyendo los cooperativistas, pagaran los impuestos y regalías establecidos por ley la renta minera llegaría a los $us 1.000 millones anuales.
Para esta nota se envió un cuestionario al Ministerio de Minería y Metalurgia, pero hasta el cierre de edición, esa cartera de Estado no contestó las consultas realizadas por EL DEBER.
En tanto que la Fundación Milenio advierte del riesgo de insostenibilidad de la minería privada, por el agotamiento de sus yacimientos y por la sequía de inversiones en exploración y en nuevos proyectos. Además, agrega que a este escenario se suma el crecimiento de la informalidad de las cooperativas.
Avanza montaje de la planta siderúrgica del Mutún
La construcción de la Planta Siderúrgica del Mutún, en Puerto Suárez, Santa Cruz, presenta a la fecha más del 50% de avance y $us 546 millones de inversión, destinados a la construcción de siete factorías: Concentración, Peletización, Reducción Directa, Acería, Laminación, Central Eléctrica y Plantas Auxiliares, señala un reporte de la agencia ABI.
“En la Planta de Concentración se realizan trabajos de obra civil y montaje de estructuras metálicas; sin embargo, en las otras plantas como la Acería, Laminación, Central Eléctrica y Plantas Auxiliares se desarrollan trabajos de obra civil y con la llegada del segundo lote de 1.720 toneladas de estructuras metálicas y 43 toneladas de pernos de anclajes se iniciará el montaje de las mismas”, informó el Ministerio de Minería y Metalurgia.
En todo el complejo industrial ya se empleó más de 6.400 metros cuadrados (m3) de hormigón y se estima que en esta etapa de construcción se generen más de 4.500 empleos; 1.500 directos y 3.000 indirectos.
“Al finalizar este proyecto, en su etapa de operación, generará 2.400 empleos; 600 directos y 1.800 indirectos”, detalla el informe de esa cartera de Estado.
Se estima que, en una primera etapa, la planta siderúrgica produzca 200.000 toneladas/año de laminados no planos livianos (barras de construcción de fierro corrugado y liso), para cubrir el 50% de la demanda de acero en el país.
La primera fase del proyecto será culminada el 2023, período que contempla el diseño, la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Siderúrgica Integrada, la etapa de operación empezará el año 2024.
Una vez funcionando la planta generará ingresos de $us 172 millones anuales y utilidades netas anuales de $us 73 millones.
También tendrá un impacto en la creación de nuevas industrias (fábricas de clavos, tornillos, pernos, mallas, alambres y otros).
En los próximos días llegará a Puerto Matarani (Perú) un segundo lote de 1.720 toneladas de estructuras metálicas provenientes de China. Esta carga será trasladada en más de 100 tráileres para el proyecto siderúrgico del Mutún.
Toda la carga del proyecto representa más de 35.000 toneladas; entre ellos, estructuras metálicas, maquinaria, equipos, ductos, y otros que formarán parte de la planta.
Actualmente, se realiza la fabricación de 103 equipos en distintos países como Alemania, España, México y China.
Fuente: El Deber